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Jimbee Jammeh, prima del ex presidente, como la persona que organizaba la contratación de las jóvenes, se encargaba de los regalos y trataba de convencerlas de que aceptaran los deseos del ex dirigente .En la actualidad, esta mujer se encuentra en Guinea Ecuatorial junto con el propio Yahya Jammeh y otros miembros de la familia, todos bajo la protección del dictador Teodoro Obiang.
Tres mujeres han acusado al expresidente de Gambia Yahya Jammeh de violación y agresiones sexuales cometidas durante los 22 años que estuvo en el poder.
Dos de ellas han preferido permanecer en el anonimato, mientras que la tercera es Fatou Jallow, conocida como Toufah, ganadora de un concurso de belleza en 2014. Según su relato, la violación tuvo lugar al año siguiente después de un incesante acoso de Jammeh y de que Toufah, de tan solo 18 años, rechazara casarse con él. Funcionarios gambianos han desvelado la existencia de toda una red de captación y coacción de jóvenes, denominadas chicas de protocolo, de las que abusaba el ex dictador gambiano.
Las denuncias se han producido en el marco de las investigaciones que están llevando a cabo las organizaciones de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Trial International para llevar a Jammeh ante la Justicia. Según aseguró este miércoles en Dakar el abogado Reed Brody, asesor legal de HRW y conocido como el cazador de dictadores por su labor en la detención y proceso judicial de Augusto Pinochet y del ex presidente chadiano Hissène Habré, “Yahya Jammeh retenía y aterrorizaba a mujeres gambianas y las trataba como si fueran de su propiedad. La violación y las agresiones sexuales constituyen delitos y Jammeh no está por encima de la ley”.
En 2014, la estudiante de teatro Jallow, de 18 años, fue elegida reina en el concurso de belleza 22 de julio, patrocinado por el Estado, nombre que conmemora el golpe que llevó a Jammeh al poder. Durante los seis meses siguientes, el entonces presidente la premió con el equivalente a 1.100 euros, le hizo diversos regalos e instaló agua corriente en su casa. Posteriormente, le pidió que se casara con él. La joven rechazó la oferta de matrimonio. Un tiempo después, en junio de 2015, los ayudantes de Jammeh la invitaron al Palacio Presidencial a una ceremonia religiosa y este la encerró en una habitación y le dijo: “No hay mujer que no pueda tener”. A continuación, según el relato de la joven, la golpeó e insultó, le inyectó un líquido y la violó. Días después, Toufah escapó a Senegal.
Al menos ocho funcionarios y personal próximo al entonces presidente han sido interrogados en el marco de esta investigación y han revelado la existencia de las denominadas chicas de protocolo, a las que Jammeh contrataba para después acosar sexualmente. En ocasiones estas mujeres realizaban tareas como servir bebidas, organizar reuniones o pasar documentos al ordenador, pero su principal función era estar disponibles para tener relaciones sexuales con el presidente, según han denunciado HRW y Trial International. Algunas le acompañaban durante sus largas estancias en Kanilai, el pueblo natal de Jammeh, o en sus viajes al extranjero. Además, se les recomendaba no tener novio o casarse. Uno de los asistentes del ex presidente aseguró a los investigadores que “Jammeh elegía personalmente a mujeres jóvenes para satisfacer sus fantasías sexuales”.
Una de estas chicas de protocolo, de nombre Anta, asegura que sus padres eran obsequiados por el ex jefe de Estado con regalos caros y que, cuando se negó a mantener relaciones con él, este le advirtió de que “estaba manteniendo a su familia y podía dejar de hacerlo en cualquier momento”. Asimismo, la amenazó que tendría "consecuencias” que contase a alguien lo que estaba ocurriendo. Otra joven, llamada Binta, recibió una beca del presidente para estudiar en Estados Unidos, pero cuando se opuso a seguir teniendo sexo con él, la ayuda fue cancelada.
Todas ellas han reconocido a Jimbee Jammeh, prima del ex presidente, como la persona que organizaba la contratación de las jóvenes, se encargaba de los regalos y trataba de convencerlas de que aceptaran los deseos del ex dirigente. En la actualidad, esta mujer se encuentra en Guinea Ecuatorial junto con el propio Yahya Jammeh y otros miembros de la familia, todos bajo la protección del dictador Teodoro Obiang. Los funcionarios también relataron que Jammeh mantuvo relaciones con militares asignadas a su protección y con empleadas que formaban parte de su servicio personal. Luego compraba su silencio con dinero.
Toda esta información se ha puesto a disposición de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y las Reparaciones, que elabora un informe sobre los asesinatos, abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de Jammeh en sus 22 años en el poder. El actual presidente gambiano, Adama Barrow, ha asegurado que espera a los resultados de dicho informe para valorar una solicitud de extradición de Jammeh desde Guinea Ecuatorial. Por su parte, el Gobierno de Ghana también está considerando la posibilidad de reabrir la investigación por la masacre de 56 migrantes, 44 de ellos ghaneses, perpetrada por los paramilitares del ex presidente en Gambia en julio de 2005.
Dicha comisión tiene previsto llamar a declarar a estas mujeres bajo la premisa de proteger su seguridad y dignidad. “La Comisión y el Gobierno deben ayudar a las víctimas a superar la cultura de silencio y ofrecerles una vía hacia el resarcimiento y la justicia”, ha asegurado Marion Wolkmann-Brandau, investigadora principal de HRW y Trial International. “Ha llegado el momento de que la vergüenza asociada con las violaciones recaiga sobre la otra parte”.
Yahya Jammeh fue derrocado en enero de 2017 tras gobernar de manera dictatorial su país durante 22 años, gracias a la amenaza de una intervención militar regional después de que perdiera las elecciones presidenciales frente al líder opositor Adama Barrow y se negara a dejar el poder. Un acuerdo con la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) le permitió abandonar Gambia con su familia y parte de sus propiedades rumbo a Guinea Ecuatorial. Recientemente, el Gobierno gambiano comenzó a embargar todos sus bienes y activos tras averiguar que malversó más de 317 millones de euros durante su largo mandato.
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