Bingokom,29, junio,2021
GUINEA ECUATORIAL
Continuó la represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, y los obstáculos administrativos impedían el registro legal de las ONG. Se vulneró el derecho a un juicio justo. La policía usó fuerza excesiva y se violó el derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un anteproyecto de ley amenazaba con discriminar a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y a las trabajadoras y trabajadores sexuales.
Información general
En marzo, el gobierno respondió a la pandemia de COVID-19 declarando el estado de alarma sanitaria, que incluía disposiciones que restringían derechos. Algunas restricciones se levantaron el 15 de junio.
El gobierno dimitió en agosto, reconociendo su responsabilidad en la crisis económica agravada por la pandemia. Se designó un nuevo gobierno.
Libertad de expresión
Las autoridades violaron el derecho a la libertad de expresión, incluido el acceso a la información, en el contexto de la pandemia de COVID-19. En mayo, el gobierno dejó de publicar las cifras de casos de COVID-19, aduciendo que sus detractores habían utilizado esta información para desacreditar su labor en materia de salud pública.
También en mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió a la Organización Mundial de la Salud que retirase a su representante y se asegurase de que abandonaba la capital, Malabo. Inmediatamente después, el gobierno la acusó de “falsificar los datos” sobre infecciones de COVID-19.
El 15 de abril, la enfermera Nuria Obono Ndong Andeme recibió una citación del ministro de Sanidad por un mensaje que había enviado a una amiga a través de WhatsApp y que se hizo viral. La enfermera se había quejado de la falta de oxígeno en el hospital de Sampaka, en Malabo. Al día siguiente compareció ante un juez, que decretó su prisión preventiva en la cárcel de Black Beach de Malabo. Quedó en libertad sin cargos el 21 de abril.
Según Reporteros sin Fronteras, siete periodistas que trabajaban para el canal de televisión Asonga fueron suspendidos de empleo en mayo tras haber criticado públicamente el uso de la violencia por las fuerzas de defensa y seguridad para imponer el confinamiento asociado a la pandemia de COVID-19.
Uso excesivo de la fuerza
En abril se publicaron con frecuencia en las redes sociales vídeos que mostraban que la policía había hecho uso de la violencia contra la población para hacer cumplir el confinamiento. Muchas de las personas agredidas eran vendedores callejeros, especialmente mujeres, cuyos puestos fueron destruidos.
Derecho a un juicio justo
En marzo, un tribunal militar de la ciudad de Oveng Asem, en el territorio continental del país, declaró culpables a 10 hombres en relación con su pertenencia al grupo opositor Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (MLGE3R). Fueron juzgados a puerta cerrada y condenados a un total de 734 años de cárcel por traición, delito contra el jefe del Estado, injurias al jefe del Estado o espionaje. Cuatro de ellos —dos ciudadanos españoles originarios de Guinea Ecuatorial y dos ecuatoguineanos residentes en España— habían sido secuestrados en Sudán del Sur y trasladados a Guinea Ecuatorial en noviembre de 2019. Durante varios meses no se conoció su paradero, hasta que se informó de que se hallaban en la prisión de Black Beach y fueron trasladados después a la de Mongomo, en el continente. A los ciudadanos españoles se les negó el acceso a representantes de su empajada.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Libertad de asociación
Las autoridades siguieron poniendo obstáculos a las ONG para inscribirse en el registro. En 2019, durante el proceso de Examen Periódico Universal de la ONU, el gobierno había aceptado recomendaciones relativas a reformar la Ley 1/1999, que regulaba el registro de las ONG, pero no hizo ninguna modificación en ella.
En junio, la plataforma de la sociedad civil Somos+ presentó una solicitud de inscripción legal ante el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales. Varios días más tarde, este organismo notificó a la organización que su solicitud debía ser validada por la Dirección General de Derechos Humanos, aunque la ley no exigía este trámite. En agosto, representantes de Somos+ se reunieron con el ministro del Interior, que les preguntó por sus actividades y les recordó que debían registrarse para llevarlas a cabo.
Detención y reclusión arbitrarias
En febrero, Joaquín Elo Ayeto, miembro de Somos+, fue excarcelado sin explicaciones de la prisión de Black Beach, donde llevaba casi un año recluido, desde su detención arbitraria en febrero de 2019. Aunque había sido juzgado en 2019 por difamación y amenazas contra el presidente, no se le facilitó información alguna sobre su condena. Fue puesto en libertad por orden del presidente tras mantener éste una reunión con el secretario general del partido opositor Convergencia para la Democracia Social (CPDS).
Discriminación
Seguía en fase de consulta ministerial un anteproyecto de ley que regulaba el trabajo sexual y los derechos de las personas LGBTI. Si bien prohibiría algunas formas de discriminación, contenía una disposición para salvaguardar la “integridad moral de la mayoría social” que implícitamente perpetuaba la discriminación de las personas LGBTI y de las trabajadoras y trabajadores sexuales, e incluía la prohibición de actos del Orgullo Gay. También contenía una disposición que exigía al gobierno que estableciera una política de “reinserción social” para las personas LGBTI que abandonaran voluntariamente la práctica de la homosexualidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario